Migración en México: muerte y desaparición de migrantes a manos del crimen organizado

Introducción

La migración en México es un fenómeno social, político y económico de gran impacto en la región latinoamericana y a nivel global. México, como país de tránsito, es espacio de recorrido de miles de personas provenientes de América del Sur y del Caribe que buscan llegar a Estados Unidos, intentando huir de la pobreza y de las condiciones de violencia e inestabilidad política que existen en sus países de origen.

Esta ruta, que es conocida como “el corredor migratorio más peligroso del mundo” de acuerdo con Amnistía Internacional (2021), está marcada por desafíos que abarcan no sólo los riesgos inherentes a la migración, como travesía en ciudades y países desconocidos para los migrantes. En la actualidad, la violencia ejercida por parte de los grupos de crimen organizado mexicanos es uno de los máximos riesgos a los que se enfrentan las personas provenientes de otros países.

Desde los años 90, ha habido un creciente endurecimiento por parte de Estados Unidos y México en sus políticas migratorias que han forzado a los migrantes suramericanos a utilizar rutas menos transitadas y, por lo tanto, más peligrosas para intentar no ser interceptados por las autoridades en su peregrinar. Por desgracia y para desconocimiento de cientos de miles de migrantes, estas rutas son ampliamente controladas por organizaciones delictivas que a través de los años han diversificado sus actividades ilícitas y que ahora incluyen el secuestro, el tráfico de personas y la leva forzada, que resulta en la explotación de los migrantes que llegan a ser víctimas de dichas organizaciones durante su tránsito. De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), entre el 2018 y el 2021 se reportaron más de setenta mil personas desaparecidas en México, muchas de ellas migrantes en Transito. (CNDH, 2021). Esta cifra, si bien es alarmante, no refleja la totalidad de los casos, ya que es bien sabido que existe una cifra gris, es decir, casos que no son denunciados y que, por lo tanto, no forman parte de las estadísticas oficiales.

La violencia ejercida por el crimen organizado coloca a los migrantes como uno de los grupos más vulnerables dentro de la población. El número de víctimas del crimen organizado que son provenientes de otros países es desconocido; sin embargo, hay incidentes bien documentados que permiten dar una mirada al fenómeno en cuestión. La masacre de migrantes en San Fernando, las mujeres víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual provenientes de países como Venezuela y Colombia, son sólo una muestra de las violencias a las que se enfrentan los migrantes en su travesía a través del territorio mexicano. Investigaciones recientes han revelado que existe una complicidad y colusión entre las autoridades en diversas localidades mexicanas y grupos criminales; dicha colusión no hace más que agravar la situación toda vez que perpetúa la impunidad y la desprotección (Gómez y Hernández, 2018). Esto no sólo constituye una crisis humanitaria, sino también un reto para los gobiernos y los sistemas de justicia, así como para todas las instituciones nacionales e internacionales encargadas de la protección de los derechos humanos.

En el presente artículo se intenta analizar las dinámicas del crimen organizado en las rutas migratorias de México y su impacto en la muerte y desaparición de migrantes. La importancia de este tema radica no sólo en el número altísimo de víctimas que ha creado esta crisis, sino en las implicaciones sociales y políticas que fenómenos de violencia como este generan. Para esto, se llevó una investigación cualitativa; dicha investigación se centró en el análisis de conceptos, teorías y fenómenos descritos en diversas fuentes documentales. Esta información permitió examinar extensa información proveniente de artículos científicos y académicos, libros, documentos oficiales, informes de diversas organizaciones internacionales, entre otros. Los medios de información recabados fueron seleccionados por su relevancia y actualidad en el tema. Una vez recabada y sistematizada la información obtenida en las diversas bases de datos consultadas, se generaron categorías temáticas que permitieran estructurar el contenido que se presenta en el cuerpo de este documento.

La violencia contra los migrantes no es un fenómeno aislado, ni que suceda al azar; está profundamente arraigado en factores estructurales como la pobreza, la desigualdad, la corrupción y la desintegración de las estructuras del Estado en muchas regiones de México. Por otro lado, este problema refleja tendencias globales en las que es cada vez más común la criminalización de la migración irregular. Esto lleva a que los migrantes sean percibidos y tratados como una amenaza para la seguridad nacional; esta visión del fenómeno impide reconocerlos como sujetos de derecho.

En este sentido, este artículo busca no solo visibilizar la magnitud del problema, sino también contribuir en el debate académico y social sobre cual podría ser la mejor estrategia para abordar la relación entre la migración, la vulnerabilidad, la violencia y el crimen organizado.

La migración, en la actualidad, tiende a ser un fenómeno de desestructuración social que ha vulnerado a poblaciones que se ven obligadas a transitar hacia otros países en busca de mejorar sus condiciones de vida. En este tenor, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 13, reconoce el derecho de toda persona a salir de cualquier país, incluyendo el propio, y a regresar a él. Sin embargo, las condiciones de vida a las que se enfrentan cientos de migrantes hacen de este derecho una necesidad que los convierte en sujetos vulnerables.

Este fenómeno requiere de atención urgente y de un compromiso conjunto entre gobiernos, tanto de los países de origen, de tránsito y de destino, como de las organizaciones internacionales y de la sociedad civil, para poder abordar las causas desde diversas aristas que permitan garantizar la protección de los derechos humanos.

Migración forzada: conceptos y perspectivas

La migración forzada, también conocida como el desplazamiento involuntario de personas, es aquella movilización que se da por factores externos que amenazan la calidad de vida de las personas que migran. En la migración forzada, tanto la vida como la seguridad y la dignidad de los individuos se ven comprometidas; es un fenómeno que refleja la creciente desigualdad social y estructural en los países de origen. Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM, 2019), esta categoría incluye movimientos de la población provocados por conflictos armados, violencia generalizada, crisis económicas, desastres naturales, cambio climático y persecución política. En América Latina, las causas de migración forzada son especialmente graves en el llamado Triángulo de Centroamérica: Guatemala, Honduras y El Salvador; estas regiones tienen alarmantes índices de pobreza y un fenómeno arraigado de violencia.

De acuerdo con Herrera (2006), la definición de migración forzada aceptada por el Sistema de Naciones Unidas es el término genérico que se ha utilizado para describir a un movimiento de personas en el que se observa la coacción, incluyendo la amenaza a la vida y su subsistencia, bien sea por causas naturales o humanas. Por su parte, la Organización Internacional para las Migraciones define a la Migración como el término específico en el derecho internacional que, por su uso común, designa a toda persona que se traslada fuera de su lugar de residencia habitual, ya sea dentro de un país o a través de una frontera internacional, de manera temporal o permanente, y por diversas razones.

Estos conceptos nos ayudan a entender la diferencia que existe entre la migración y la migración forzada, siendo esta última la que nos ayuda a entender de forma más acertada el fenómeno planteado en este artículo, toda vez que son las personas que se ven obligadas a abandonar sus países de origen las que suelen tomar más riesgos por la necesidad de abandonar el peligro al que se estén enfrentando. Cuando los individuos no se encuentran en necesidad extrema para migrar, suelen planificar y hacer de la migración un proceso seguro y legal, que les permite transitar con menos riesgos.

Factores económicos

La desigualdad económica y la pobreza extrema son la causa más evidente para la migración forzada, en países donde un gran porcentaje de su población vive en condiciones que están por debajo de los niveles mínimos de economía necesaria para la supervivencia y para mantener condiciones de vida dignas, la migración es una opción que representa nuevas oportunidades de vida y desarrollo lejos del país de origen y de las condiciones que este ha generado. En Honduras, más del cincuenta por ciento de la población vive en condiciones de pobreza, mientras que, en Guatemala, esta cifra se eleva al cincuenta y nueve por ciento (Banco Mundial, 2021). Los números se agravan en las áreas rurales, que ofrecen a sus habitantes aún peores condiciones económicas y de desarrollo. En dichas zonas, las oportunidades para el desarrollo son casi inexistentes y las familias dependen de la agricultura de subsistencia, es decir, de generar los alimentos que ellos mismos cosechan. Esto se ve afectado por el cambio climático que ha empeorado en las últimas décadas y la falta de acceso a mercados para la venta de sus productos que permitan una competencia justa.

En muchos de los países de origen, generadores de migrantes, el modelo económico está basado en la exportación de materias primas y la concentración de tierras y riquezas en manos de las élites. Esto, ha perpetuado la desigualdad estructural que permite que grandes sectores de la población se mantengan en la pobreza, sin acceso a educación, salud y empleo digno. La globalización ha exacerbado estas desigualdades, ya que los pequeños productores, los agricultores y los trabajadores artesanales han sido incapaces de competir en un mercado globalizado, lo que ha generado el abandono de tierras de cultivo, el cierre de pequeñas empresas y una dependencia de las remesas que los migrantes que han logrado llegar a los países destino envían a sus familiares que aún se encuentran en los países de origen.

En este contexto, la migración es una estrategia de supervivencia. Muchas familias en países empobrecidos deciden enviar a uno o varios miembros de la familia a países extranjeros intentando mejorar la economía familiar, si los migrantes logran llegar a su destino, suele ayudar a los familiares que permanecieron en sus países. Las remesas son utilizadas para comprar alimentos, pagar por educación y servicios de atención médica. De acuerdo con los datos del Banco Mundial (2021) las remesas representan 23% del Producto Interno Bruto (PIB) de Honduras y el 22% en El Salvador. Estos números dan cuenta de cómo es que la migración no es solo un fenómeno social, sino también un mecanismo de resiliencia y desarrollo económico que se adopta frente a las terribles condiciones de pobreza estructural.

Violencia generalizada

La violencia es otro factor que impulsa y, en ocasiones incluso, obliga la migración forzada en América Central. En países como El Salvador, Honduras y Guatemala, que han sido clasificados entre los más peligrosos del mundo, fuera de zonas de guerra, se encuentran tasas de homicidio que superan los 30 por cada 100,000 habitantes (UNODC, 2020). Esta violencia está arraigada en la sociedad y está relacionada principalmente con la existencia de pandillas que controlan territorios, extorsionan y atemorizan a la población y reclutan a menores de edad y jóvenes de manera forzada. En países como El Salvador hay un esfuerzo sin precedentes por parte de su presidente para desterrar las pandillas y devolver la seguridad y tranquilidad a los habitantes del país. Las medidas tomadas, aunque altamente criticadas, han demostrado estar funcionando. Sin embargo, es cuestión de tiempo dimensionar el impacto que estas tendrán, o no, en la necesidad de migración que tienen los ciudadanos salvadoreños.

Se considera que la violencia de género también juega un papel crucial en la migración forzada, especialmente en el caso de las mujeres y niñas. De acuerdo con un informe de Médicos Sin Fronteras (2020), el 60% de las mujeres migrantes entrevistadas mencionaron que una de las principales razones para su traslado era huir de la violencia doméstica o de género en sus países de origen. Esta violencia se perpetúa por la impunidad y la falta de respuesta por parte de las instituciones judiciales de la región, donde menos del 10% de los casos de violencia de género son investigados (Amnistía Internacional, 2021).

Además de las pandillas, las actividades relacionadas con el crimen organizado han desestabilizado las comunidades. Estas organizaciones no sólo generan violencia, sino que debilitan el tejido social y, al infiltrarse y estar conectadas a las instituciones del Estado, ayudan a que este no cumpla con su rol en la protección de los ciudadanos. La relación que existe entre el crimen organizado y los organismos de seguridad del Estado deja a la población civil sin opciones para buscar protección, lo que obliga a muchas personas a migrar con la esperanza de mejorar e incluso salvar sus vidas. Sin embargo, México se encuentra en condiciones similares y esto pone a los migrantes en riesgos iguales e incluso peores a los que padecen en sus países, mientras realizan su tránsito para llegar al país de destino.

Inestabilidad política y corrupción

Tanto la inestabilidad política como la corrupción que se da en muchos de los países de origen son factores importantes que empeoran las condiciones de vida y fuerzan a las personas a migrar. Gobiernos autoritarios y dictatoriales, procesos electorales manipulados y corrupción endémica hacen que la población pierda la confianza en las instituciones. Por dar un ejemplo, en 2009, un golpe de Estado en Honduras marcó el inicio de una crisis política que ha desestabilizado al país desde entonces y que ha aumentado los niveles de pobreza y violencia, vulnerando así a gran parte de la población.

En Guatemala, la corrupción ha debilitado de manera importante el sistema judicial y ha impedido que se desarrollen políticas efectivas para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. En 2019, la expulsión de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) fue un terrible golpe a los esfuerzos para combatir la corrupción que invade el país. En estas condiciones, la falta de transparencia, la impunidad y la corrupción han corrompido el sistema y las necesidades de la población son sistemáticamente desvaloradas e ignoradas en favor de los intereses de pocos grupos de poder y de economías elitistas.

Impacto del cambio climático y los desastres naturales

El cambio climático ha impactado en la calidad de vida de las personas y ha emergido como una causa creciente de migración forzada en algunos países de América Central. Fenómenos como huracanes, largas sequías y deslizamientos de tierra a causa de torrenciales han afectado la producción agrícola y esto disminuye las posibilidades de desarrollo, llevando así al desplazamiento de las personas fuera de sus comunidades.

Complejidad del fenómen

La migración forzada, al igual que la mayoría de los fenómenos sociales, no es resultado de un único factor, sino de una compleja interacción de múltiples causas estructurales. La violencia, la pobreza, la corrupción y las condiciones que surgen a partir del cambio climático interactúan y generan un entorno hostil y difícil en el que los ciudadanos no cuentan con alternativas que les garanticen su seguridad y su bienestar. Estas condiciones explican por qué, aun conociendo los riesgos asociados a la migración y el desplazamiento, miles de personas deciden emprender el peligroso viaje año tras año.

El fenómeno de la migración forzada en América del Sur es, por lo tanto, el reflejo de una problemática social mucho más profunda que requiere de un enfoque integral para lograr ser solucionada. Es imperante promover la cooperación internacional y la justicia social para mejorar las condiciones económicas y de seguridad en los países de origen.

La vulnerabilidad social de los migrantes

Turner (2006) define la vulnerabilidad como una condición estructural en la que los individuos enfrentan limitaciones para actuar frente a amenazas, lo que los coloca en una situación de desventaja frente a otros grupos. Como categoría analítica, la vulnerabilidad social permite que ciertos grupos se encuentren expuestos de manera sistemática y desproporcionada a riesgos debido a su condición social.

En el caso de la migración y, en específico, la migración con origen en el Centro y el Sur de América, con tránsito por México, la vulnerabilidad se agranda debido a múltiples factores. El estatus irregular en el país les impide acceder a servicios básicos, como la atención médica y la protección policial. Por otra parte, su condición de extranjeros en tránsito los convierte en objetivos fáciles para los grupos delictivos que los perciben como fuente de ingreso a explotar a través de diversas prácticas. De acuerdo con un informe de Médicos Sin Fronteras (2020), el 68% de los migrantes que fueron encuestados reportaron haber sido víctimas de violencia durante su tránsito a través del territorio mexicano, y el 31% de las mujeres migrantes reportaron haber sufrido abuso sexual.

En este tenor, es importante recalcar que el género y la edad juegan un papel crucial en las violencias a las que se enfrentan los diversos grupos dentro de la migración. Las mujeres y las niñas son objeto de violencias específicas que incluyen la trata de personas con fines de explotación sexual y violaciones. De acuerdo con Amnistía Internacional (2021), otro grupo altamente vulnerable son los menores no acompañados, ya que no cuentan con redes de apoyo o cuidadores que velen por su seguridad; esto permite que sean reclutados con facilidad por grupos criminales y explotados por estos. Por lo tanto, es importante subrayar la necesidad de políticas diferenciadas que reconozcan y actúen en concordancia con las diversas dimensiones de vulnerabilidad social.

Crimen organizado y rutas migratorias en México

En las últimas décadas se ha visto un cambio en las prácticas de los grupos de crimen organizado; estos han dejado de ser organizaciones dedicadas exclusivamente al trasiego y la venta de sustancias ilícitas y se han convertido en grupos de actividades delictivas diversificadas. Esto incluye el tráfico y la explotación de personas, el secuestro, el cobro de piso, la explotación de la producción agrícola en diversas regiones del país, entre otras. Los migrantes son principalmente vulnerables a la trata y explotación de personas. Todo esto ha convertido las rutas migratorias en zonas hostiles y de alto riesgo en las que los migrantes enfrentan actos violentos con una frecuencia creciente. De acuerdo con las Naciones Unidas en su Oficina contra la Droga y el Delito (UNODC, 2020), los cárteles y grupos criminales ven a los migrantes como una fuente lucrativa de ingresos, lo que convierte a estas rutas en espacios de violencia y deshumanización.

Las principales rutas migratorias que son utilizadas por aquellos que desean llegar a Estados Unidos a través del territorio mexicano atraviesan algunas de las regiones más peligrosas del país, ya que son controladas por los cárteles; entre estas se encuentran las rutas de:

Los grupos de delincuencia organizada que operan en México consideran a los migrantes como un medio a ser explotado a cambio de ganancias económicas a través de prácticas como la trata, los secuestros y la extorsión. En este tenor y de acuerdo con un informe de Médicos Sin Fronteras (2020), al menos 30% de los migrantes que fueron encuestados habían sido víctimas de secuestros. En muchos casos los migrantes se ven forzados a pagar cuotas para poder utilizar y transitar por las rutas controladas por los cárteles. Los llamados derechos de paso oscilan entre mil y tres mil dólares americanos, dependiendo de la ruta y del grupo criminal (Ríos, 2019). Por último, la trata de personas es una práctica que explota en su mayoría a mujeres y niñas que son utilizadas con fines sexuales o que son obligadas a trabajar en condiciones de esclavitud. Según Amnistía Internacional (2021), la trata de personas es una de las actividades más lucrativas para los cárteles en las rutas migratorias.

Investigaciones realizadas por Meyer y Álvarez en el 2021 han demostrado que en al menos el 30% de los casos de secuestros de migrantes, hubo participación directa o indirecta de policías locales. Este es uno de los aspectos más preocupantes en cuanto a la vulnerabilidad en la que se encuentran los migrantes. Cuando las autoridades se ven involucradas en los actos de violencia que padecen los individuos, se deja a estos en total indefensión, sin tener nadie que salvaguarde su seguridad e integridad.

Un caso muy significativo es el ocurrido en Camargo, Tamaulipas, en el 2021, en donde 19 migrantes guatemaltecos fueron calcinados. Las investigaciones revelaron que policías estatales estuvieron involucrados en los hechos; esto subraya la profundidad del problema (El Universal, 2021).

La violencia que ejercen los grupos de delincuencia organizada en contra de los migrantes en las rutas utilizadas para su tránsito a través de México tiene amplias implicaciones sociales y humanitarias. Se puede destacar que este ambiente hostil genera temor y angustia, así como también deshumaniza a los migrantes y los convierte en objetos para ser explotados a conveniencia de los cárteles. Esto perpetúa las condiciones de vulnerabilidad. Por otra parte, las prácticas violentas que utilizan los grupos criminales afectan, también, a las comunidades de tránsito, ya que la presencia de los cárteles genera inseguridad social.

Las desapariciones masivas y los asesinatos de migrantes han generado una crisis humanitaria y, de acuerdo con la OIM (2022), entre el 2014 y el 2021, se registraron más de cuatro mil muertes y desapariciones de migrantes en México. Sin embargo, las cifras reales podrían ser mucho mayores debido a la falta de denuncias y al pobre registro y seguimiento que se hace de estos casos.

Desapariciones y muertes de migrantes en México, las cifras del dolor

Como ya ha sido mencionado, en México se han registrado un gran número de casos de desaparición y de muertes de migrantes relacionadas con organizaciones criminales y, aunque las cifras reales no se conocen, se sabe que han sido cientos los afectados en su tránsito a través de las diversas rutas migratorias que existen en el país.

De acuerdo con los datos, existen en México miles de denuncias de desapariciones que ponen en evidencia las dimensiones alarmantes que este fenómeno ha alcanzado en las últimas décadas. Sin embargo, el registro de dicho fenómeno es parcial, ya que la falta de denuncias y la fragmentación de los datos generan solamente una estimación limitada de la cifra real que podría alcanzar esta problemática.

En un informe realizado en 2020 por Médicos Sin Fronteras, el 31% de los migrantes entrevistados revelaron que durante su trayecto a través de México habían perdido contacto con un compañero de viaje, y en muchos casos estas personas fueron víctimas de secuestro o desapariciones forzadas. Los testimonios que esta organización logró recopilar señalan que los migrantes suelen ser interceptados en sitios específicos que facilitan las levas, sitios como cruces fronterizos o estaciones de transporte. Una vez que son interceptados, son sometidos a diversos tipos de violencia, tanto física como psicológica.

Como ya se mencionó con anterioridad, las cifras de migrantes desaparecidos o asesinados en territorio mexicano no se conocen y se cuenta únicamente con aproximaciones a esta realidad. Una de las principales causas para la falta de denuncias en este fenómeno en particular es que muchas de las familias de los migrantes se encuentran aún en los países de origen y, por lo tanto, no tienen los medios ni el acceso que les permita denunciar los actos criminales cometidos en contra de sus familiares durante su tránsito por México. Esta es una realidad que permite que el ciclo de la violencia y la impunidad se perpetúe.

El caso de los migrantes masacrados en San Fernando, Tamaulipas, puso en evidencia la brutalidad de la violencia a la que están expuestos los migrantes al atravesar las fronteras mexicanas con la intención de llegar a Estados Unidos; sin embargo, este no fue un incidente aislado. Tan sólo un año después, en el 2011, se encontraron fosas clandestinas en la misma región con 193 cuerpos (CNDH, 2019); esto dejó en evidencia que existe en nuestro país una crisis humanitaria de dimensiones superiores a lo que hasta ese momento se había contemplado.

Existen cientos de casos en los que migrantes desaparecen para nunca ser localizados, o restos que son encontrados en fosas clandestinas que, al cabo del tiempo, se logra corroborar que eran ciudadanos centro y suramericanos. De acuerdo con el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, hasta el 2021, se habían localizado más de mil quinientas fosas clandestinas en el territorio mexicano, muchas de las cuales contenían restos de migrantes.

Todo lo abordado anteriormente pone en evidencia que la migración que ocurre a través del territorio mexicano y la violencia de los diversos cárteles se encuentran relacionadas y que cada vez son más las migrantes víctimas de esta violencia y de la violación repetida a sus derechos humanos.

A modo de conclusión

La violencia como fenómeno social no es nada nuevo; por el contrario, en sociedades como la mexicana es algo que se encuentra ampliamente arraigado y que en las últimas décadas ha tenido un crecimiento con la propagación de los grupos de crimen organizado que se han asentado en la mayor parte del territorio nacional.

Los migrantes, al igual que la población mexicana, se convierten en objeto de violencia y explotación por parte de los cárteles y sufren en su paso por el país. Las proporciones y el alcance que ha llegado a tener este fenómeno son aún desconocidos; sin embargo, se puede comprender que es inmenso con tan sólo una mirada a las historias y a los casos más emblemáticos en los que los migrantes han sido víctimas.

Es preciso que este fenómeno no se deje sin estudio y solución, ya que es síntoma de una falla estructural arraigada en nuestra sociedad que es imperante desterrar. Se debe buscar fortalecer las instituciones que se encargan de salvaguardar la seguridad de los migrantes, así como generar políticas y medios que les permitan acceder a protección para poder denunciar cualquier tipo de violencia con resultados reales.

Es necesario que tanto los países de origen, como aquellos países que son de tránsito, como es el caso de México, sean capaces de proveer condiciones dignas a los migrantes para evitar que se expongan por necesidad a situaciones de violencia y vulnerabilidad, como ha sucedido en los últimos años.